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Alfonso Aguiló: “Aplicar el IVA en Educación frenaría (más) la recuperación económica”

Recientemente se ha filtrado que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incluía una reclasificación que supone gravar con un 21% de IVA la educación. Aunque después en algunos medios salieron algunas noticias que aseguraban que el Gobierno renunciaba a esa medida, lo cierto es que el 11 de octubre la Ministra de Hacienda comentó en una entrevista en La Vanguardia que la propuesta está encima de la mesa y no se ha descartado en absoluto.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló con toda claridad que ellos no avalan ese incremento de IVA para educación. Según la AIReF, esa subida no solo no supondría necesariamente una mejora del saldo fiscal, sino que podría contribuir a su deterioro, puesto que un encarecimiento del precio de estos servicios alejaría a muchos de sus usuarios de esos servicios, con el consecuente aumento del gasto público.

Por otra parte, esa subida fiscal frenará la demanda y eso producirá de modo inmediato una importante destrucción de empleo, en un momento en que precisamente estamos procurando preservarlo. Y esa destrucción de empleo disminuiría a su vez la recaudación del IRPF y de la Seguridad Social, al tiempo que aumentaría el gasto en subsidios de desempleo.

También resulta llamativo que la gran mayoría de países europeos mantiene este tipo de servicios fuera de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de nuestro país, la educación ha estado exentos de pagar dicho tributo desde su aprobación en el año 1985.

Otro elemento muy significativo es que esa medida afecta de lleno a muchas familias trabajadoras, que llevan a sus hijos a escuelas infantiles, comedores escolares, escuelas de idiomas o música, actividades extraescolares, escuelas deportivas, etc. No debe pensarse que la educación privada afecta solo a un segmento poblacional de alto nivel económico, sino que esa subida de costes afectará a todo tipo de familias. No hay que olvidar que los impuestos al consumo no son graduales y por tanto afectan igual a una familia rica que a otra pobre, pues ambas pagan lo mismo por un determinado servicio.

Por ejemplo, según la OCU las familias que llevan a sus hijos a centros públicos tienen un gasto medio en educación de 1.071 euros anuales, que se verían afectados por esta subida del IVA. En cuanto a las familias que escolarizan a sus hijos en centros concertados, el efecto es bastante mayor, pues el sobrecoste afectará a los servicios y actividades complementarias y extraescolares, al comedor, horario ampliado, y, además, al coste completo de la etapa 0-3 años y el bachillerato, que son tramos no concertados.

También el 21% de IVA supondrá un duro golpe para las personas que necesitan formación continua para encontrar empleo o para su reciclaje profesional, a los que necesiten aprender inglés, preparar una oposición, etc. La educación es clave para la recuperación y para la transformación digital. Es momento de invertir en formación, no de desincentivarla subiendo impuestos.

En resumen, es una medida que no aumentará la recaudación (lo dice la AIREF); que es contraria a la línea fiscal que se sigue en toda Europa; que supondrá una importante destrucción de empleo y que afectará a un enorme colectivo de clase trabajadora. Una medida que sin duda generará al Gobierno un fuerte rechazo que conllevará un desgaste electoral innecesario. No es momento de subir impuestos sino de estimular la recuperación.

Alfonso Aguiló, presidente de CECE y Red Arenales

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